El Instituto Navarro para la Igualdad – Nafarroako Berdintasunerako Institutua ha reunido este jueves en torno a 70 profesionales en la primera sesión de las II Jornadas sobre Ciberviolencias, un espacio formativo dirigido para que quienes intervienen en el ámbito de la violencia contra las mujeres (abogacía, psicología, educación y trabajo social, fuerzas y cuerpos de seguridad, sanidad, igualdad, etc.) adquieran competencias para atender a las mujeres víctimas de esta realidad.
La violencia contra las mujeres en el entorno virtual ha evolucionado de manera proporcional a la extensión del uso de internet. En este ciberescenario se replican los delitos de violencia contra las mujeres y tienen lugar otros propios de estas plataformas, tales como el acoso a través de redes sociales, el acoso sexual on line, o delitos contra la intimidad por difusión no autorizada de imágenes, entre otros.
La directora gerente del INAI-NABI, Eva Istúriz, ha llevado a cabo la apertura de la jornada, en la que han participado como ponentes el inspector responsable del grupo de delitos informáticos de Policía Foral, Miguel Ruiz-Marfany; la abogada especializada en violencia contra las mujeres, Amparo Díaz, y la psicóloga e implementadora y coordinadora de recursos de atención, Paola Fernández.
En su intervención, la directora Istúriz, ha hecho referencia a los retos a los que se enfrentan los recursos de atención de las víctimas dada la especificidad de este fenómeno, “Para así poder ofrecer una respuesta integral a las mujeres que padezcan este tipo de violencia en Navarra lo más reparadora posible a la víctima”.
“Es necesario conocer las particularidades de este tipo de agresiones; qué hacer y que no para la recopilación de pruebas; y buscar el encaje de conductas nuevas pero ya tipificadas como modalidad delictiva en el código penal”, ha explicado.
En este sentido, Istúriz ha expuesto las estrategias a través de las cuales el Gobierno de Navarra trata de erradicar este fenómeno: la prevención (con campañas de sensibilización y desde el ámbito educativo), la persecución del delito y la atención integral a las víctimas. Al respecto, ha explicado que el futuro Centro de Crisis 24 h. de Atención especializada a la violencia de carácter sexual, que se abrirá en Navarra tras una inversión de 1,3 millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation EU y en el marco del Plan de Recuperación, donde también tendrán cabida los delitos de ciberviolencia.
Finalmente, la directora ha agradecido la asistencia a los y las distintas profesionales, “reflejo de la necesidad de formación que existe en ámbitos transversales a este fenómeno y cuyo trabajo contribuye a erradicar la violencia contra las mujeres y avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres”.
Control de la actividad virtual por parte de los hombres
La primera de las ponencias ha estado a cargo de Miguel Ruiz- Marfany, responsable del Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Foral, quien ha ofrecido una conferencia sobre la situación de la ciberviolencia en Navarra. Ruiz ha expuesto las conductas más habituales de ciberviolencia contra las mujeres por parte de hombres, tales como acosar o controlar a la pareja usando el móvil, interferir en relaciones de la mujer con otras personas en internet, o espiar su teléfono móvil.
Asimismo, es frecuente que se los hombres exijan a sus parejas mujeres que les muestren los chats, les compartan sus claves personales o censuren su actividad en redes sociales, generalmente, fotos. El inspector ha subrayado que hay una “cifra negra” sobre la prevalencia de la ciberviolencia (delitos no cuantificados porque no han sido denunciados ni ha datos) por diferentes motivos. Entre ellos ha citado la “vergüenza” de la víctima, la presión social y familiar, la falta de confianza en el sistema judicial/policial por miedo a la revictimización o el miedo a las represalias del autor.
Asimismo, Marfany ha compartido entre los asistentes el Plan de Prevención de la Cibercriminalidad con el que cuenta la Policía Foral para hacer frente a esta realidad. Este se alinea con el plan contra la cibercriminalidad del Ministerio de Interior, e incluye sensibilización en centros educativos; campañas divulgativas; y colaboración con distintas entidades y organismos. Finalmente, Marfany ha explicado algunas medidas que se pueden tomar contra aplicaciones espía y cómo borrar la “huella digital”.
Aplicar el enfoque TIC: recogida de datos virtuales
Con el título de “De la violencia contra las mujeres a la ciberviolencia contra las mujeres: pautas de intervención para la recuperación de las víctimas”, Díaz ha destacado que, con frecuencia, la experiencia de la víctima no llega o llega muy reducida a los tribunales de justicia, debido a prejuicios y automatismos.
Por ello, ha recomendado actuar de forma minuciosa e incorporar también el enfoque TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), en la recogida de relatos y datos durante la toma de denuncias, declaraciones, evaluaciones de informe o similares para facilitar el “desvelamiento de los hechos”, aportando las “huellas” de la ciberviolencia. “Recoger el relato profundo de la víctima es necesario para su protección, para su recuperación y para el esclarecimiento de los hechos”, ha dicho.
La letrada también ha reclamado a otras profesionales que tengan en cuenta la compleja dimensión psicológica de las víctimas, “cuyas respuestas y comportamientos pueden ser diferentes en cada momento del proceso, y evitar emitir juicios de opinión que desacrediten su relato”. Asimismo, ha invitado a las y los profesionales que evalúen sus “propios prejuicios y automatismos, así como su nivel de capacitación”, ha indicado.
Traumas por la ciberviolencia y talleres
Finalmente, Paola Fernández ha versado su ponencia sobre “El impacto de la ciberviolencia contra las mujeres en la salud mental de mujeres jóvenes: efectos sobre el trauma”. Fernández ha advertido que las chicas jóvenes tienen dificultades para detectar situaciones de desigualdad en su vida cotidiana ya que achacan estos comportamientos a las características de sus parejas o de su modo de relación y no tanto con el trato desigual estructural.
Además, las TIC contribuyen a mantener el sistema de dominio, con consecuencias sociales y personales particulares (daño a la reputación, devaluación social, reacción antisocial – desadaptación social, aislamiento, autocensura, estado de alerta continuo, etc.).
Las jornadas continúan mañana con dos talleres, “Actuación profesional e intervención ciudadana frente a la ciberviolencia o ciberdelincuencia contra las mujeres: somos agente de cambio” y “Detección de secuelas y acompañamiento de mujeres jóvenes víctimas de ciberviolencia de género desde una perspectiva psicosexológica”, a cargo de Amparo Díaz y Paola Fernández, respectivamente. En ellos las dos expertas propondrán el estudio de casos reales y simulaciones para que las y los profesionales de intervienen en distintas fases sean conscientes de cómo su trabajo puede generar cambios fundamentales. Finalmente, será la directora gerente del INAI Istúriz quien clausure las jornadas a las 14:00 horas.
El 18,4% de las mujeres ha sufrido acoso a través de las redes sociales
Según la macroencuesta de violencia contra la mujer que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género llevó a cabo en 2019, el 18,4% de las mujeres ha sufrido acoso a través de las redes sociales. El 7,2% ha recibido imágenes sexualmente explícitas que le hayan hecho sentir ofendida, humillada, o intimidada.
El 4,3% de las mujeres que han sufrido acoso reiterado ha experimentado cómo el acosador publicaba fotos, vídeos o información personal en Internet o en redes sociales, o la ha enviado a terceros a través de servicios digitales. A menor edad, mayor es la incidencia; en menos de una década, se han multiplicado por cinco en España los delitos de contacto mediante tecnología con menores de 16 años con fines sexuales.
La violencia digital creció en 2021 más de un 17% (28.000 denuncias por acoso a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, frente a las cerca de 24.000 de los 12 meses anteriores), tal y como apunta el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.