La Fundación Gizain y el Comité de Empresa de la entidad han alcanzado un acuerdo para firmar el primer convenio colectivo, lo que supondrá una mejora de las condiciones laborales de sus 72 trabajadoras, especialmente en lo relativo a la jornada de trabajo y las retribuciones salariales, que se incrementan de manera progresiva en un 26,71% hasta 2023.
El convenio, que tendrá una vigencia de 3 años, se aplicará con carácter retroactivo desde enero de 2021.
El gerente de la Fundación, Pedro Ardaiz, ha destacado el amplio nivel de consenso alcanzado en la negociación entre la Fundación y el Comité, integrado por 4 representantes de LAB y 1 de CCOO. “El nuevo convenio supone una apuesta decidida por mejorar las retribuciones y jornada de las profesionales, equiparándolas a las establecidas en la Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas, que se ha tomado como referencia por ser la otra entidad pública del Departamento de Derechos Sociales”, ha indicado.
De esta forma, el salario de las profesionales se incrementará un 26,71% a lo largo de los 3 años de vigencia del convenio. Así mismo, se reconoce el complemento de antigüedad, y otros complementos como el de turno, nocturnidad, festivos especiales y el plus de domingos y festivos.
También se alcanzan mejoras dirigidas a favorecer la conciliación de la vida personal y laboral y en materia de vacaciones, permisos, licencias y excedencias.
2.100 personas atendidas al año y mejoras con la publificación de los servicios
La Fundación Gizain fue creada por el Gobierno de Navarra en enero de 2019 como un ente instrumental con el fin de asumir la gestión pública de una serie de servicios esenciales de carácter estratégico que venían siendo prestados por diversas entidades.
En concreto, se encarga de la gestión de los Centro de Servicios Sociales de Tudela y Estella-Lizarra, del Centro de Observación y Acogida de menores en situación de desamparo, junto al Programa de Familias de Urgencia y Centro de Día de Justicia Juvenil.
En su primer año de intervención, atendió a 2.101 personas: 1.739 adultas (523 hombres y 1.216 mujeres) y 362 menores.
Una evaluación externa independiente, hecha pública recientemente por el Departamento de Derechos Sociales, destacaba que el 98,3 % de las personas trabajadoras de la Fundación está de acuerdo en que el cambio a la gestión pública ha supuesto una mejora en las condiciones de trabajo del equipo técnico, siendo el nivel de acuerdo en cuanto a la mejora en la atención a la población usuaria del 83,6 %.