El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, impulsará programas de inserción laboral de personas reclusas y ex reclusas residentes en la Comunidad Foral de Navarra mediante fórmulas empresariales de economía social como cooperativas de trabajo asociado, así lo han suscrito esta mañana en Madrid mediante la firma de un convenio el consejero Eduardo Santos y la ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Yolanda Díaz.
El convenio firmado tiene como objetivo facilitar y motivar la creación de cooperativas de trabajo dentro y fuera del contexto de los centros penitenciarios y otras fórmulas de economía social, especialmente centradas en la transición ecológica, para personas reclusas mediante talleres, formaciones, propuestas de cambios normativos, asesoramiento e interlocución con agentes sociales y económicos.
Según ha destacado tras la firma del convenio en Madrid el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos: “Este modelo, que es verdaderamente innovador y transformador, cambia el paradigma de los trabajos que desarrolla la población reclusa dentro de las prisiones, les prepara para la vida en libertad aportando trabajos de valor añadido a la sociedad y apuesta por las cooperativas de trabajo como estructura de organización empresarial democrática, solidaria y social”.
Por su parte, desde la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mostrado su “profunda satisfacción” de incorporarse a este proyecto ya que desde noviembre de 2022 existía ya un convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Gobierno de Navarra para el desarrollo de programas de formación en el Centro Penitenciario de Pamplona en el ámbito de la economía social y la transición ecológica. Pero este nuevo acuerdo lo que se logra es incorporar también al Ministerio de Trabajo como agente dinamizador de estas propuestas que se encargará de apoyar, asesorar y generar acciones que faciliten la creación efectiva de estas cooperativas de trabajo entre socios, que serán personas reclusas y ex reclusas.
Así, desde el Ministerio, Yolanda Díaz, ha recordado que “las cooperativas de trabajo, en concreto, y la economía social, en general, son formas de organización empresarial profundamente democráticas, con fuerte compromiso social y que fomentan el empleo de calidad y, por ello, son estructuras laborales directamente orientadas a la reeducación y reinserción social de las personas que han cometido delitos”.
Un modelo innovador
La creación de cooperativas de trabajo de personas presas que se propone mediante este convenio es un modelo totalmente innovador, primero porque contempla que esas cooperativas que se creen estarán compuestas por personas socias en diferentes fases de cumplimiento de sus penas. Y además participarían hombres y mujeres, rompiendo roles de género sexistas y normalizando las actividades mixtas en prisión.
Por un lado, estarían aquellas socias y socios que están en prisión, cumpliendo sus penas y que realizarían alguna actividad laboral en talleres que están en el interior del centro penitenciario. Por otro lado, estarían aquellas personas que podrían ser socias de las cooperativas desde el exterior del centro penitenciario en tercer grado, libertad condicional o en libertad definitiva, es decir, personas exreclusas.
Además, mediante este modelo las personas socias de la cooperativa contarían con el apoyo de un equipo multidisciplinar de inserción respaldadas por la Administración, tanto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como el Gobierno de Navarra, que participarían en el Consejo Rector.
Actividades productivas dirigidas a la transición ecológica
La actividad económica que realizarán posibles cooperativas que surgiesen de este proyecto habrá de decidirse mediante el proceso participativo de creación de la misma, tras llevar a cabo un adecuado análisis de viabilidad. Sin embargo, se fomentará que estén relacionadas íntimamente con las posibilidades que representa en estos momentos la economía ecológica.
Algunos ejemplos propuestos son desde el reciclaje de palas de aerogeneradores, así como la instalación de placas solares en las cubiertas de las prisiones, empezando por el Centro Penitenciario de Navarra. Este modelo de cooperativa permitiría, por ejemplo, el autoconsumo del propio establecimiento y la venta de la energía sobrante a la red, generando espacios descentralizados de producción de electricidad. La cooperativa de trabajo podría continuar instalando estas placas solares en otros edificios de titularidad pública o privada, teniendo preferencia en la adjudicación de contratos públicos por su condición de empresa de inserción.